Biografías

Bartolomé de las Casas nació en Sevilla en 1484, hijo de un comerciante que había participado en el segundo viaje de Colón. Llegó a América siendo joven y recibió encomiendas, pero su experiencia directa con el sistema colonial lo llevó a una profunda conversión moral. Ingresó en la orden dominica y dedicó su vida a la defensa jurídica de los indígenas.

Su actividad fue tanto intelectual como política: participó en debates imperiales, influyó en legislación y protagonizó la famosa controversia de Valladolid (1550–1551). No era simplemente un humanitario; elaboró una teoría jurídica completa.

En la Apologética historia sumaria y otros escritos sostiene que los pueblos indígenas poseen razón política plena. Tienen ciudades, leyes y autoridad legítima. Por tanto, ninguna guerra de conquista es justa sin agresión previa real.

Las Casas va más allá de Vitoria: afirma que la evangelización no otorga dominio político. La conversión debe ser libre y el poder civil permanece en manos de los pueblos.

Su doctrina introduce la igualdad jurídica universal como principio operativo. No se trata solo de dignidad espiritual: implica consecuencias institucionales, incluyendo autogobierno local y límites a la autoridad imperial.

Murió en Madrid en 1566. Su pensamiento influyó en legislación indiana y en debates europeos posteriores sobre derechos humanos y colonización.

Domingo de Soto nació en Segovia en 1494 y murió en Salamanca el 15 de noviembre de 1560. Ingresó en la Orden de Predicadores (dominicos) y se formó en la Universidad de Alcalá antes de trasladarse a Salamanca, donde fue discípulo directo de Francisco de Vitoria y se convirtió en una de las figuras centrales de la llamada Segunda Escolástica. Su prestigio intelectual fue tal que Carlos V lo nombró teólogo imperial en el Concilio de Trento, donde participó en los debates doctrinales decisivos de la Europa del siglo XVI. Sin embargo, su importancia histórica no se limita a la teología: Soto es uno de los grandes arquitectos del pensamiento jurídico y económico moderno.

Su obra más influyente, De Iustitia et Iure (1553–1554), constituye una de las exposiciones más completas de filosofía del derecho natural del Renacimiento. En ella aborda sistemáticamente cuestiones de propiedad, comercio, contratos, pobreza, trabajo, impuestos y poder político. No se trata de un tratado económico en sentido técnico, sino de una teoría moral del orden social, donde la economía aparece integrada dentro de la justicia.

Su aportación más innovadora es la formulación de la teoría del precio justo. Frente a la concepción medieval que identificaba el precio justo con un valor objetivo determinado por la autoridad o por una supuesta esencia moral del bien, Soto sostiene que el valor económico depende de la estimación común de la comunidad. Es decir, el precio justo es el precio que surge en el mercado cuando los intercambios se realizan libremente.

El mercado no es, por tanto, un ámbito moralmente sospechoso ni un espacio caótico, sino un mecanismo social de coordinación racional. Los precios no se fijan desde fuera, sino que emergen de la interacción de necesidades, escasez y preferencias humanas. Soto introduce así una idea que siglos después será central en la economía moderna: el orden económico puede surgir espontáneamente sin planificación política.

Esta conclusión tiene implicaciones políticas decisivas. Si el precio nace de la interacción social, el poder público no puede determinarlo arbitrariamente sin generar injusticia. La fijación forzosa de precios rompe la equidad de los intercambios porque sustituye la realidad social por la voluntad del gobernante. El Estado no crea el valor económico; solo puede proteger el marco jurídico en el que surge.

De este modo, Soto vincula economía y libertad civil: la justicia en los intercambios depende de la libertad de contratación. La economía deja de ser un ámbito subordinado al poder y pasa a ser una dimensión propia del orden natural humano. La autoridad política queda limitada estructuralmente, pues no puede alterar sin consecuencias la coordinación espontánea de la sociedad.

Su pensamiento anticipa elementos fundamentales de la economía clásica —especialmente la noción de precio de mercado como indicador de información social— y prepara la posterior idea de orden espontáneo. Pero, a diferencia de los economistas modernos, Soto llega a estas conclusiones desde la filosofía moral: la libertad económica es exigida por la justicia, no solo por la eficiencia.

Así, Domingo de Soto contribuye a una transformación intelectual profunda: el reconocimiento de que la sociedad posee mecanismos internos de organización anteriores al Estado. La autoridad política no debe dirigir la vida económica, sino respetar un orden que la precede. Esta limitación del poder en materia económica se convertirá siglos después en uno de los pilares del constitucionalismo liberal.

Diego de Covarrubias y Leyva nació en Toledo en 1512 y murió en Segovia en 1577. Fue uno de los grandes juristas del Renacimiento español, miembro del Consejo de Castilla y posteriormente obispo de Segovia. A diferencia de muchos escolásticos puramente académicos, su pensamiento se desarrolló simultáneamente en el aula universitaria y en la administración del Estado, lo que dio a su obra una orientación particularmente institucional.

Formado en Salamanca bajo la influencia de Francisco de Vitoria, Covarrubias aplicó el derecho natural a los problemas concretos de propiedad, comercio y legislación. Su obra más importante, Variarum Resolutionum ex Iure Pontificio, Regio et Caesareo Libri IV (1552), analiza casos jurídicos reales y los resuelve a partir de principios racionales generales.

Su contribución filosófica más notable es la formulación temprana de una teoría subjetiva del valor. Covarrubias afirma que el precio justo de un bien depende de la estimación común de los hombres (communis aestimatio), no de la naturaleza intrínseca del objeto ni del coste de producción. Esta afirmación rompe con la tradición clásica que vinculaba valor y esencia. El valor económico pasa a depender de la percepción humana dentro de un contexto social.

La consecuencia política es profunda: si el valor depende de la valoración social, el poder no puede fijarlo legítimamente. El mercado aparece como un proceso cognitivo colectivo en el que los individuos coordinan información dispersa. La economía deja de ser un ámbito regulado desde arriba para convertirse en una dimensión emergente de la vida social.

Covarrubias también defendió la autonomía relativa de la esfera civil frente al poder absoluto. El derecho no es pura voluntad del soberano; debe reflejar la razón natural. La ley injusta pierde legitimidad. Así contribuyó a transformar el derecho desde instrumento del poder a límite del poder.

Su pensamiento anticipa elementos centrales de la economía moderna y del constitucionalismo: la autoridad política debe respetar estructuras sociales preexistentes —propiedad, intercambio y valoración— porque no las crea. En este sentido, Covarrubias representa uno de los puntos de transición entre el mundo jurídico medieval y la concepción moderna del orden social.

Tomás de Mercado nació en Sevilla hacia 1525, en el seno de una ciudad que en ese momento era el gran nodo económico del mundo atlántico tras la apertura de las rutas americanas. Ingresó en la Orden de Predicadores (dominicos) y se formó entre Andalucía y la Nueva España, trasladándose posteriormente a México, donde murió en 1575. Su vida intelectual transcurre, por tanto, entre dos continentes: Europa y América. Esa experiencia es decisiva para entender su obra, porque no reflexiona sobre una economía medieval local, sino sobre la primera economía verdaderamente global.

Su obra principal, Suma de tratos y contratos (1569, ampliada en 1571), es uno de los tratados económicos más sofisticados del siglo XVI. Escrita como manual para confesores y comerciantes, analiza sistemáticamente operaciones mercantiles concretas: préstamos marítimos, letras de cambio, banca, seguros, cambios monetarios, crédito internacional, especulación y comercio intercontinental. No se trata de una moral abstracta, sino de un estudio práctico del funcionamiento del capitalismo temprano.

Mercado parte de una cuestión central: cómo integrar la expansión comercial —cada vez más compleja— dentro del orden moral cristiano sin condenar la actividad económica. Frente a la sospecha medieval hacia el comercio, sostiene que la actividad mercantil es legítima si respeta la libertad de las partes y el conocimiento real del contrato. La justicia económica no depende del control político ni de un precio fijado por la autoridad, sino de la transparencia y del consentimiento informado.

Este principio tiene consecuencias profundas: el contrato libre se convierte en el criterio de legitimidad económica. El valor moral de una transacción no depende del beneficio obtenido, sino de si existe engaño, coacción o asimetría grave de información. Mercado introduce así una noción temprana de equidad contractual que anticipa la teoría moderna del contrato y la confianza como base del mercado.

Particularmente innovador fue su análisis de la banca y del crédito. Observó la actividad de los banqueros sevillanos vinculados al comercio americano y estudió cómo la circulación monetaria, las letras de cambio y los préstamos a distancia transformaban la economía. Comprendió que el dinero no era simplemente un metal, sino un instrumento social basado en la confianza y la expectativa futura. Por ello condenó prácticas que distorsionaban esa confianza —fraude cambiario, manipulación monetaria o información engañosa— más que el beneficio comercial en sí mismo.

De este modo trasladó la libertad moral al ámbito económico: comerciar es cooperar racionalmente. El mercado deja de ser moralmente sospechoso y pasa a entenderse como una forma de interacción humana natural dentro de la sociedad. La economía aparece integrada en la ley natural: los intercambios voluntarios coordinan intereses y generan orden social sin necesidad de dirección política constante.

Esta concepción anticipa elementos centrales del pensamiento económico posterior: la importancia de la información, la confianza institucional, la coordinación descentralizada y la legitimidad del beneficio en un marco de reglas generales. Siglos después, la economía liberal considerará el mercado como un sistema de cooperación espontánea; Mercado ya había establecido sus bases morales.

Su aportación representa además la dimensión atlántica de la Escolástica: la reflexión filosófica europea se adapta a una economía mundial en expansión. En sus páginas aparece por primera vez una teoría moral coherente del capitalismo temprano: el comercio internacional no es una anomalía ética, sino una manifestación de la sociabilidad humana ordenada por normas de justicia.

Así, Tomás de Mercado contribuye a un giro decisivo en la historia intelectual: legitimar filosóficamente la economía de mercado sin separarla de la ética. La libertad económica no es amoral ni autónoma, sino una aplicación concreta de la libertad humana dentro de un marco jurídico y moral. Con ello prepara el terreno conceptual sobre el que siglos después se asentará la economía política moderna.

José de Anchieta nació en La Laguna (Tenerife) en 1534 y entró en la Compañía de Jesús siendo muy joven. Fue enviado a Brasil, donde pasó la mayor parte de su vida entre pueblos indígenas.

Aprendió lenguas locales, escribió gramáticas y catecismos, y organizó comunidades autónomas llamadas reducciones. Estas comunidades no eran simples misiones: eran estructuras políticas híbridas donde coexistían autoridad indígena y organización cristiana.

Anchieta comprendía la política como orden social gradual. La autoridad legítima debía surgir desde las formas culturales existentes y no imponerse violentamente. Esta idea refleja la noción escolástica de ley natural aplicada antropológicamente.

Su obra epistolar muestra una concepción práctica del poder: gobernar consiste en armonizar comunidad, moral y costumbre. Anticipa el principio moderno de subsidiariedad.

Murió en 1597 en Brasil. Es considerado fundador intelectual de la sociedad brasileña colonial.

Pedro da Fonseca nació en Cortiçada (Portugal) en 1528 e ingresó muy joven en la Compañía de Jesús, formándose en la Universidad de Coimbra, uno de los grandes centros intelectuales de la monarquía hispánica. Allí desarrolló toda su carrera académica y se convirtió en la figura central del aristotelismo ibérico del siglo XVI. Sus contemporáneos lo llamaron “el Aristóteles portugués” no por simple erudición filológica, sino porque logró reconstruir sistemáticamente la metafísica y la lógica aristotélicas como fundamento operativo para la teología y la filosofía práctica.

Su obra más influyente, Institutionum Dialecticarum Libri Octo (1564), fue durante décadas manual universitario en gran parte de Europa —incluyendo universidades protestantes—. La importancia de esta obra supera la lógica formal: Fonseca pretendía ofrecer una teoría del conocimiento capaz de fundamentar la inteligibilidad objetiva de la realidad. Frente al nominalismo tardomedieval, defendió que los conceptos universales no son meras convenciones mentales, sino captaciones racionales de una naturaleza común real.

Esta afirmación metafísica tuvo consecuencias políticas profundas. Si existe una naturaleza humana objetiva compartida, también existe una moralidad objetiva cognoscible: la ley natural. Y si la ley natural es racionalmente cognoscible, el poder político no puede fundarse en la mera voluntad del soberano. Así, antes incluso de Vitoria, Suárez o Mariana, Fonseca establece la condición filosófica que hace posible toda la teoría política escolástica posterior: la política pertenece al orden racional de la naturaleza, no al orden voluntarista del poder.

Murió en Lisboa en 1599, dejando la base metafísica sobre la que se levantaría toda la arquitectura jurídica y política de la Segunda Escolástica.

Juan de Mariana nació en Talavera de la Reina (Corona de Castilla) el 2 de abril de 1536 y murió en Toledo el 17 de febrero de 1624. Ingresó muy joven en la Compañía de Jesús y se formó en Alcalá de Henares y Roma. Durante su juventud enseñó teología en el Colegio Romano y en la Sorbona de París, experiencia decisiva porque lo puso en contacto directo con las guerras de religión francesas, el problema del tiranicidio y los debates europeos sobre legitimidad política. A su regreso definitivo a España se estableció en Toledo, donde escribió la mayor parte de su obra histórica, económica y política.

Aunque fue un autor extremadamente prolífico —su Historiae de rebus Hispaniae (1592) fue durante siglos la historia oficial de España— su relevancia filosófica se concentra en tres campos: teoría del poder político, derecho de resistencia y crítica monetaria.

Su obra más influyente, *De Rege et Regis Institutione* (1599), constituye uno de los textos más radicales de la filosofía política europea anterior a la Ilustración. En ella Mariana desarrolla una teoría completa de la legitimidad política basada en la ley natural. Afirma que el poder no pertenece al rey por naturaleza ni por derecho divino directo, sino originalmente a la comunidad política, que lo delega en el gobernante para el bien común. El monarca es por tanto un magistrado fiduciario, no propietario del Estado.

De esta premisa deriva su tesis más famosa: si el gobernante viola la ley natural —oprime la libertad, confisca la propiedad o gobierna arbitrariamente— se convierte en tirano y puede ser depuesto. En determinadas circunstancias extremas, incluso justifica el tiranicidio. No se trata de una defensa de la violencia política indiscriminada, sino de una consecuencia lógica: si la autoridad deriva del pueblo, pierde legitimidad cuando destruye el orden moral que debía proteger.

Mariana también formula una teoría fiscal sorprendentemente moderna: los impuestos requieren consentimiento. La tributación sin aprobación social equivale moralmente a expropiación. Esta idea anticipa directamente el principio constitucional posterior de representación política.

Aún más novedosa fue su aportación económica. En De Monetae Mutatione (1609) criticó la manipulación de la moneda por parte de la Corona —la reducción del contenido metálico de las monedas— calificándola de forma de robo encubierto. Argumentó que la inflación generada por la autoridad es un impuesto ilegítimo porque reduce el poder adquisitivo sin consentimiento de los ciudadanos. Aquí aparece por primera vez una formulación moral del problema monetario moderno: el poder político no puede apropiarse indirectamente de la propiedad privada mediante la devaluación.

Estas tesis le costaron un proceso judicial por lesa majestad en 1609–1610. Fue detenido, interrogado por la Inquisición y su obra fue prohibida y quemada en París en 1610 tras el asesinato de Enrique IV, que algunos atribuyeron a la difusión de sus ideas sobre la tiranía. Aunque finalmente no fue condenado, el episodio revela hasta qué punto sus teorías se percibían como políticamente explosivas en la Europa absolutista.

La importancia histórica de Mariana radica en que conecta tres planos que hasta entonces habían permanecido parcialmente separados: teología moral, derecho público y economía. Para él, la libertad política no depende solo de la forma de gobierno, sino también del respeto a la propiedad, a la moneda sana y al consentimiento fiscal. El Estado queda así subordinado a un orden moral previo.

Sus ideas circularon ampliamente en Inglaterra durante el siglo XVII, en medio de las polémicas contra el absolutismo, y muchos de sus argumentos reaparecen posteriormente en Locke: soberanía popular, derecho de resistencia, función protectora del gobierno y centralidad de la propiedad. De forma indirecta, estos principios pasaron al constitucionalismo americano. No es casual que John Adams poseyera un ejemplar de De Rege y que Jefferson conociera su obra.

Mariana representa así uno de los puntos culminantes de la Segunda Escolástica: un pensamiento que, partiendo del tomismo, llega a formular una teoría plenamente moderna del poder limitado. En su filosofía, el Estado deja de ser una realidad casi natural para convertirse en una institución moralmente condicionada. Su conclusión puede resumirse en una idea simple pero revolucionaria para su tiempo: el poder político existe para proteger la libertad humana y pierde legitimidad cuando deja de hacerlo.

Francisco Suárez nació en Granada el 5 de enero de 1548 y murió en Lisboa el 25 de septiembre de 1617. Jesuita, profesor en Salamanca, Roma, Alcalá, Coimbra y Évora, fue uno de los mayores filósofos sistemáticos de la Edad Moderna y probablemente el último gran metafísico escolástico con influencia directa en la política europea. Su obra abarca metafísica, teología moral y filosofía jurídica, pero su impacto político se concentró especialmente en *Defensio Fidei Catholicae adversus Anglicanae sectae errores* (1613).

La Defensio Fidei fue escrita en un contexto muy concreto: la crisis político-religiosa inglesa tras la Reforma anglicana. El rey Jacobo I de Inglaterra había impuesto el Juramento de Lealtad (Oath of Allegiance, 1606), que obligaba a negar cualquier autoridad supratemporal sobre el monarca y consolidaba una doctrina de derecho divino absoluto del rey. La obra de Suárez pretendía refutar esa posición, pero su respuesta acabó teniendo consecuencias mucho más amplias que la mera polémica confesional.

Suárez formuló con precisión una tesis revolucionaria:el poder político procede de Dios en cuanto fundamento último del orden moral, pero no se entrega directamente al rey, sino primero a la comunidad política, que lo delega en el gobernante mediante consentimiento. El rey no es propietario del poder; es su administrador. Por tanto, la autoridad civil es esencialmente fiduciaria.

Esta doctrina implicaba tres consecuencias decisivas:

El origen del poder es social, no personal.

El gobernante está limitado por el bien común y la ley natural.

Una comunidad puede resistir al tirano si destruye el orden jurídico.

Jacobo I entendió inmediatamente el alcance político de la obra. En 1614 ordenó quemar públicamente la Defensio Fideien Londres y Oxford. El texto fue considerado no sólo teológicamente peligroso sino constitucionalmente subversivo: negaba la base intelectual del absolutismo inglés en un momento de tensiones crecientes entre Corona y Parlamento.

Paradójicamente, la condena inglesa favoreció su difusión. Las universidades europeas —incluidas las del ámbito protestante— debatieron la tesis suareciana, y sus argumentos pasaron indirectamente al vocabulario político británico. En las décadas siguientes, durante las controversias del siglo XVII (guerra civil inglesa, Commonwealth y Revolución Gloriosa), la cuestión central ya no sería si el poder procede de Dios —eso se aceptaba— sino a quién pertenece inmediatamente: al rey o al pueblo.

En ese sentido, Suárez no influyó en Inglaterra como autor leído masivamente, sino como problema político inevitable. Los defensores del absolutismo tuvieron que refutarle; los constitucionalistas terminaron asumiendo su estructura conceptual: soberanía popular mediata, gobierno limitado y poder delegado. La filosofía política anglosajona del consentimiento —que culminará en Locke— se desarrolla dentro de ese marco polémico previamente definido.

Así, la contribución de Suárez no fue simplemente teológica. Al trasladar la soberanía desde la persona del monarca hacia la comunidad política, proporcionó la arquitectura conceptual sobre la que se construirían las teorías modernas del constitucionalismo: el poder como encargo revocable y subordinado a un orden jurídico superior.

Roberto Francisco Rómulo Belarmino nació en Montepulciano (Gran Ducado de Toscana) el 4 de octubre de 1542 y murió en Roma el 17 de septiembre de 1621. Ingresó muy joven en la Compañía de Jesús y se formó en Roma, Padua y Lovaina, convirtiéndose pronto en uno de los grandes teólogos de la Contrarreforma. Fue profesor en el Colegio Romano, cardenal desde 1599 y asesor doctrinal del papado en una época marcada por las guerras de religión europeas, la crisis de autoridad tras la Reforma protestante y el auge de las monarquías absolutas.

Aunque su fama histórica suele vincularse a la controversia con el protestantismo —su monumental Disputationes de Controversiis Christianae Fidei (1586–1593) fue el tratado teológico más influyente del catolicismo moderno— su importancia filosófico-política es igualmente profunda. En obras como De Laicis (1610), De potestate summi pontificis in rebus temporalibus (1610) y en varios textos políticos previos integrados en las Controversias, Belarmino formuló una teoría del poder civil que transformó el debate europeo sobre soberanía.

Su tesis central parte de una distinción clave: el poder político procede de Dios en cuanto a su origen moral —porque la sociabilidad humana forma parte de la naturaleza—, pero no se concede directamente a ningún gobernante concreto. Reside primero en la comunidad política, que decide la forma de gobierno y delega la autoridad. El rey, por tanto, no gobierna por derecho divino personal, sino por mediación del pueblo.

Esta posición atacaba frontalmente la doctrina del derecho divino de los reyes defendida por los teóricos absolutistas ingleses y franceses. Frente a la idea de que el monarca es vicario inmediato de Dios, Belarmino sostiene que el gobernante es una autoridad derivada:la comunidad política es el sujeto inmediato del poder y el príncipe su administrador.

A partir de esta premisa introduce una consecuencia decisiva: si la autoridad procede del consentimiento de la comunidad, puede ser modificada cuando deja de cumplir su fin —el bien común—. No desarrolla la defensa directa del tiranicidio como hará Mariana, pero establece la base jurídica del constitucionalismo posterior: la autoridad política es condicional.

Su pensamiento tuvo un impacto enorme precisamente entre sus adversarios. El anglicano Robert Filmer escribió Patriarcha (publicado en 1680) para refutarlo, y al hacerlo difundió sus ideas en Inglaterra. La paradoja histórica es que, al atacar a Belarmino, introdujo su teoría de la soberanía popular en el debate político inglés que desembocaría en la Revolución Gloriosa y en Locke.

Belarmino también aportó una reflexión estructural sobre las formas de gobierno. Consideraba que ningún sistema puro —monarquía, aristocracia o democracia— era perfecto, y defendía una constitución mixta capaz de equilibrar estabilidad y libertad. Esta idea anticipa el modelo de gobierno combinado que caracterizará al constitucionalismo moderno y que más tarde aparecerá en el pensamiento político británico y estadounidense.

Su influencia fue particularmente importante en la tradición escolástica ibérica: Suárez sistematizará su teoría, y Mariana radicalizará sus consecuencias. De este modo, Belarmino ocupa una posición intermedia decisiva: traduce el tomismo medieval al lenguaje político moderno y proporciona la base conceptual que permitirá pensar el poder como representación y no como propiedad.

En última instancia, su aportación filosófica consiste en haber separado definitivamente legitimidad política y absolutismo. Para Belarmino, la autoridad no es una fuerza sagrada inherente al gobernante, sino una función moral delegada por la comunidad para preservar la justicia. Con ello contribuyó a la transición intelectual que llevaría desde la teología política medieval hasta el constitucionalismo contemporáneo: el poder es legítimo solo mientras permanece ordenado al bien común y sostenido por el consentimiento de quienes lo obedecen.

Juan de Salas nació en 1553 en Castilla y murió en 1612. Jesuita y profesor en Salamanca, pertenece a la generación posterior a Suárez y participa en la maduración del pensamiento jurídico-económico escolástico.

Su obra principal, Commentarii in Secundam Secundae Divi Thomae, analiza detalladamente contratos, propiedad, restitución y justicia distributiva. Salas estudia el intercambio económico como relación interpersonal basada en confianza racional.

Desarrolla una idea clave: la justicia contractual depende del conocimiento real de las condiciones. El engaño invalida el contrato porque rompe la igualdad moral entre las partes. La economía se convierte así en una extensión de la ética de la comunicación humana.

Esto implica que el mercado no es moralmente neutro ni arbitrario: funciona correctamente cuando las reglas son generales y el consentimiento es libre. El poder político debe proteger esas condiciones, no sustituirlas.

Salas contribuye así a la concepción institucional del mercado: un orden de normas generales más que de decisiones concretas. Su pensamiento anticipa la noción moderna de seguridad jurídica como fundamento de la prosperidad económica.

Juan de Lugo nació en Madrid en 1583 y murió en Roma en 1660. Jesuita, profesor en Salamanca y posteriormente cardenal en la Curia romana, pertenece a la fase tardía de la Segunda Escolástica, cuando el pensamiento salmantino ya se había difundido por toda Europa y América. Su obra representa una síntesis final del sistema antes del giro ilustrado.

Su tratado principal, De Iustitia et Iure (1642), es uno de los análisis más refinados del valor económico en la tradición escolástica. Lugo profundiza la noción de precio justo desarrollada por Soto y Molina y formula una teoría sorprendentemente cercana a la economía moderna: el valor no reside en la cosa ni en el trabajo incorporado, sino en la utilidad estimada por las personas.

Afirma que el precio depende de la apreciación subjetiva dentro de un contexto social concreto. Dos individuos pueden valorar un bien de forma distinta sin que ninguno se equivoque. El mercado no descubre una esencia objetiva del valor, sino que coordina expectativas humanas.

Esta idea anticipa directamente la teoría subjetiva del valor desarrollada siglos después por la economía marginalista. Pero en Lugo la conclusión es filosófica: la economía es un proceso de conocimiento social. El poder político no puede fijar precios porque no posee la información dispersa de la comunidad.

Así, el mercado aparece como un orden cognitivo colectivo, una institución social que transforma preferencias individuales en resultados coordinados. La justicia económica consiste en permitir ese proceso bajo reglas generales.

Con Lugo, la escolástica alcanza una comprensión casi moderna de la economía como sistema espontáneo de información, anticipando elementos centrales del pensamiento económico contemporáneo.

Juan Caramuel nació en Madrid en 1606 y murió en Vigevano (Italia) en 1682. Cisterciense, matemático, lógico y teólogo, fue una de las mentes más originales del barroco europeo. Representa la transición entre escolástica y modernidad científica.

Su obra monumental, Theologia moralis fundamentalis (1652) y tratados posteriores de lógica y probabilidad, intentan matematizar el razonamiento moral. Caramuel desarrolla un probabilismo avanzado en el que las decisiones humanas se toman bajo incertidumbre racional.

Esto tiene consecuencias políticas: la ley no puede prever todos los casos concretos. El orden social requiere reglas generales y margen de decisión prudencial. El gobierno no controla completamente la sociedad porque la acción humana es inherentemente contingente.

Caramuel anticipa así una visión moderna del orden social como sistema complejo. La política debe gestionar probabilidades, no imponer determinismos.

Su pensamiento marca el paso de la escolástica clásica a la conciencia moderna de complejidad social: el orden no es mecánico sino adaptativo.

Nacido en Santa Eulalia de Sorriba (Asturias) en 1723, Campomanes fue abogado, economista y fiscal del Consejo de Castilla. Autodidacta brillante, se formó en historia jurídica y derecho natural en un momento en que la monarquía borbónica intentaba modernizar sus estructuras económicas.

En Discurso sobre el fomento de la industria popular (1774) y Discurso sobre la educación popular de los artesanos(1775), argumenta que la prosperidad no depende de monopolios ni privilegios gremiales, sino de la libertad productiva de la sociedad. Su crítica al mercantilismo es notable: el Estado no crea riqueza; solo puede eliminar obstáculos para que la sociedad la genere.

Aunque su lenguaje es ilustrado, su filosofía es heredera del pensamiento escolástico económico. Considera que el orden económico surge espontáneamente de la actividad humana y que la legislación debe adaptarse a él, no imponerle formas artificiales. La intervención excesiva genera pobreza porque contradice la naturaleza social del intercambio.

Campomanes representa el reformismo económico que prepara el terreno para el liberalismo posterior, pero sin ruptura revolucionaria: reforma la monarquía desde su propia tradición jurídica.

Gaspar Melchor de Jovellanos nació en Gijón el 5 de enero de 1744, en el seno de una familia hidalga asturiana. Se formó en Oviedo, Ávila y Alcalá de Henares dentro de un ambiente todavía profundamente marcado por el derecho natural clásico, que en España seguía enseñándose en continuidad con la tradición escolástica. Su carrera comenzó como magistrado y fiscal del Consejo de Órdenes, lo que le permitió conocer de primera mano la estructura institucional de la monarquía española.

Aunque suele clasificarse como ilustrado, Jovellanos no compartía el racionalismo constructivista francés. Su pensamiento partía de una convicción distinta: las instituciones políticas no se diseñan desde la abstracción, sino que brotan lentamente de la vida social. Esta idea aparece con claridad en su obra más influyente, Informe sobre la Ley Agraria (1795). Allí sostiene que la riqueza no procede del privilegio ni de la planificación estatal, sino de la libre interacción de los hombres dentro de un marco jurídico estable. El problema económico español no era moral ni técnico, sino institucional: la legislación impedía el despliegue natural de la sociedad.

Su defensa de la propiedad privada y de la libertad económica no es utilitarista, sino moral. Para Jovellanos, la propiedad cumple una función civilizadora: crea responsabilidad, previsión y autonomía personal. El gobierno debe protegerla, no dirigirla. Esta visión conecta directamente con la tradición salmantina, donde el orden social se entendía como resultado de la naturaleza social del hombre.

Durante la crisis de 1808 apoyó la convocatoria de Cortes, no como innovación revolucionaria, sino como recuperación histórica de la representación política tradicional. Murió en 1811 tras años de persecución política. Su obra constituye el puente intelectual entre la escolástica tardía y el constitucionalismo liberal moderado.

Nacido en Oviedo en 1754, sacerdote e historiador, dedicó su vida a estudiar las instituciones medievales españolas. En Teoría de las Cortes (1813) argumenta que la representación política existía en la monarquía hispánica siglos antes del liberalismo moderno.

Para Marina, la soberanía nacional proclamada en Cádiz no era un principio revolucionario, sino la formulación moderna de un pacto histórico. El poder real había estado siempre limitado por la comunidad política.

Su obra fue decisiva para legitimar la Constitución de 1812 como continuidad histórica y no como ruptura.

Sebastián Francisco de Miranda nació en Caracas el 28 de marzo de 1750, en una sociedad colonial todavía organizada según jerarquías jurídicas heredadas del mundo hispánico. Su educación en la Universidad de Caracas estuvo marcada por el currículo escolástico tardío: lógica aristotélica, derecho natural y teología moral. Aquella formación resulta decisiva, porque Miranda no partirá nunca de un racionalismo abstracto ni del contractualismo ilustrado puro; su horizonte inicial es el del pactismo jurídico de tradición ibérica, donde la autoridad existe como delegación y no como propiedad del poder.

Tras ingresar en el ejército español, su vida se convirtió en un continuo viaje por el Atlántico revolucionario. Recorrió Europa y América, combatió en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, convivió con figuras como Washington o Hamilton y participó después en la Revolución francesa, donde alcanzó rango de general. Pocas biografías condensan de forma tan directa la experiencia política del siglo XVIII: monarquía imperial, revolución americana y revolución europea atravesaron literalmente la misma vida.

Sin embargo, Miranda no adoptó simplemente el modelo político que encontraba en cada lugar. Su originalidad consiste precisamente en intentar reconciliarlos. Observó en Inglaterra un equilibrio constitucional, en Estados Unidos una soberanía organizada y en Francia una energía revolucionaria; pero creyó que ninguno podía trasladarse intacto al mundo hispánico. América no debía imitar: debía continuar su propia tradición política.

Cuando la monarquía española colapsó en 1808, interpretó la crisis con categorías muy cercanas a la doctrina de Suárez: si desaparece el rey legítimo, la soberanía retorna a los pueblos que habían pactado con la corona. La independencia no significaba romper el orden jurídico, sino preservarlo en ausencia del titular del poder.

Aquí aparece la aportación propiamente mirandina. A diferencia de otros revolucionarios, no se limita a justificar la emancipación; intenta diseñar su forma institucional. Estudia el parlamentarismo británico, el federalismo norteamericano y la tradición republicana clásica para proyectar la Colombeia, una monarquía constitucional continental americana. No era un gesto utópico, sino un intento de fundar un orden político nuevo sin destruir su legitimidad histórica.

Su pensamiento es así una síntesis singular: la herencia escolástica del poder delegado, el constitucionalismo inglés, el federalismo estadounidense y la ciudadanía republicana clásica convergen en una misma arquitectura política. Su revolución no pretendía borrar el pasado, sino hacerlo viable en un mundo moderno.

Murió prisionero en Cádiz en 1816, pero su proyecto sobrevivió en la imaginación constitucional hispanoamericana y en la obra de sus discípulos, especialmente Bolívar. Filosóficamente, Miranda representa el momento en que la teoría escolástica de la soberanía popular deja de ser argumento jurídico y se convierte en diseño institucional concreto: la transición de la legitimidad al Estado.

José Servando Teresa de Mier y Noriega nació en Monterrey el 18 de octubre de 1765. Ingresó en la Orden de Predicadores (dominicos) y destacó desde joven por su brillantez intelectual. Fue profesor de teología y predicador reconocido, pero su vida dio un giro decisivo en 1794 cuando pronunció un célebre sermón en el que cuestionaba la narrativa tradicional sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe.

Ese sermón le valió persecución, encarcelamientos y largos años de exilio en España, Francia, Inglaterra e Italia. Durante este periplo entró en contacto con el pensamiento político ilustrado y con los debates constitucionales europeos, sin abandonar su formación escolástica.

El acontecimiento que transforma definitivamente su pensamiento político es la crisis de 1808: la invasión napoleónica de España y la abdicación forzada de Fernando VII. Aquí aplica directamente la doctrina suareciana de la soberanía.

Siguiendo la tesis formulada por Francisco Suárez en Defensio Fidei (1613), Mier sostiene que el poder político procede de Dios pero reside inmediatamente en la comunidad política, que lo delega en el gobernante. Si el rey legítimo desaparece o pierde capacidad de gobierno, la soberanía retorna al pueblo.

Para Mier, esto significa que los territorios americanos no están obligados a obedecer autoridades peninsulares ilegítimas. La independencia no es rebelión, sino restauración del orden jurídico natural.

En obras como Historia de la Revolución de Nueva España** (1813) desarrolla este argumento con claridad jurídica: América no se separa arbitrariamente, sino que ejerce un derecho político preexistente.

Lo original de Mier es la fusión entre escolástica y constitucionalismo moderno. No abandona el derecho natural clásico, pero lo articula con conceptos como representación, constitución escrita y división de poderes.

Participó activamente en la vida política mexicana tras la independencia, fue diputado en el Congreso Constituyente y defendió modelos republicanos moderados frente a tendencias centralistas o monárquicas.

Murió en Ciudad de México el 3 de diciembre de 1827. Su legado filosófico radica en haber convertido la tradición escolástica de soberanía popular en argumento jurídico revolucionario. En él, la emancipación americana aparece no como ruptura ideológica con Europa, sino como consecuencia coherente de la propia tradición jurídica ibérica.

Andrés Bello nació en Caracas en 1781 y vivió posteriormente en Londres y Chile. Humanista universal, recibió una educación profundamente marcada por el derecho natural clásico antes de entrar en contacto con el pensamiento británico. Su obra madura busca estabilizar políticamente las nuevas repúblicas mediante instituciones coherentes con su tradición jurídica.

Su Código Civil de Chile de 1855 no imita el modelo revolucionario francés, sino que integra derecho romano, tradición hispánica y racionalidad moderna. Bello entiende que la libertad política requiere seguridad jurídica y continuidad institucional. La ley positiva debe expresar principios morales anteriores al Estado.

Así, culmina el proceso iniciado por los escolásticos: la soberanía popular deja de ser argumento de resistencia para convertirse en orden civil permanente. Murió en Santiago en 1865 dejando la arquitectura jurídica más duradera de Hispanoamérica.

Nacido en Campeche en 1800, Gutiérrez de Estrada fue diplomático, jurista y uno de los pensadores políticos más incomprendidos de México. Su Ensayo sobre el porvenir de México (1840) provocó escándalo al proponer una monarquía constitucional para el país. Sin embargo, su argumento no era dinástico ni nostálgico: era filosófico.

Sostuvo que la soberanía absoluta popular produce inestabilidad porque convierte la política en voluntad sin límites. La comunidad política no es una creación contractual instantánea sino una realidad histórica que exige continuidad institucional. En este punto retoma el pactismo hispánico: la autoridad legítima no surge de una elección puntual, sino de la articulación entre tradición social y representación.

Su crítica anticipa el problema de la democracia plebiscitaria moderna: cuando el poder deriva solo de la mayoría, deja de estar limitado por el bien común objetivo. Así, su propuesta monárquica era un medio para asegurar la neutralidad institucional del poder, no un retorno al absolutismo.

Juan Francisco María de la Salud Donoso Cortés nació en Don Benito (Badajoz) el 6 de mayo de 1809 y murió en París el 3 de mayo de 1853. Formado inicialmente en el liberalismo doctrinario, fue profesor, periodista, diputado y finalmente diplomático —embajador de España en Berlín y París—. Vivió desde dentro la crisis revolucionaria europea de 1848, que marcó decisivamente su evolución intelectual.

Su obra culminante, Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo (1851), es uno de los textos políticos más influyentes del siglo XIX europeo. Donoso formula allí una tesis radical: toda política descansa sobre una teología previa. Cuando una sociedad abandona la doctrina del pecado original, termina absolutizando al hombre —primero en el liberalismo parlamentario, después en el socialismo revolucionario—. El resultado inevitable es el Estado total.

Su relación con la tradición escolástica es profunda. Donoso no cita constantemente a Suárez o Mariana, pero su estructura conceptual es la misma: el poder no es soberano en sí mismo, sino que está limitado por un orden moral objetivo anterior. Sin ley natural, la libertad se convierte en voluntad pura y acaba destruyéndose. De ahí su famosa tesis de que las sociedades que pierden su fundamento moral oscilan entre la anarquía y la dictadura.

Donoso influirá decisivamente en pensadores posteriores como Carl Schmitt, pero también en el conservadurismo europeo al reinterpretar la tradición clásica en el contexto de la política de masas.

Jaime Luciano Balmes nació en Vic el 28 de agosto de 1810 y murió prematuramente en 1848. Sacerdote, filósofo y publicista, fue el gran sistematizador del pensamiento católico español en el siglo XIX.

Su obra principal, El protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la civilización europea (1842–1844), intenta demostrar que las libertades europeas no nacieron contra la Iglesia, sino dentro de su concepción de la persona. Frente al relato ilustrado, Balmes sostiene que la limitación del poder político procede de la antropología cristiana: si el hombre posee dignidad moral, ningún poder puede ser absoluto.

Balmes representa la continuidad intelectual de la Segunda Escolástica adaptada al constitucionalismo moderno. Defiende parlamentos, representación y libertades, pero dentro de un orden moral objetivo. La libertad no es autonomía radical, sino armonía social fundada en la naturaleza humana.

Podría decirse que Balmes anticipa el constitucionalismo social europeo del siglo XX y ofrece una vía intermedia entre absolutismo y revolución.

Nacido en Cangas de Onís el 8 de junio de 1861, fue el principal teórico del tradicionalismo político español. Orador extraordinario y pensador sistemático, convirtió el viejo pactismo hispánico en teoría política moderna.

Para Vázquez de Mella, la sociedad no nace del contrato ni del Estado, sino de comunidades históricas previas: familia, municipio, gremio y región. La soberanía abstracta del Estado es una ficción moderna. La autoridad procede de la comunidad y se delega en el poder —una formulación casi directa de la doctrina suareciana.

Su pensamiento traslada la escolástica desde la teología al análisis sociopolítico: la libertad política requiere pluralidad institucional. Anticipa teorías contemporáneas sobre cuerpos intermedios y subsidiariedad.

Apolinario Mabini, nacido en Tanauan en 1864, fue el principal teórico político de la primera república filipina y asesor del presidente Emilio Aguinaldo. Paralítico desde joven, desarrolló una intensa labor intelectual durante el proceso independentista.

En textos como El verdadero decálogo (1898) y La revolución filipina (1899) elaboró una teoría del Estado basada en la soberanía moral de la comunidad. El gobierno existe para servir al bien común y queda moralmente limitado por la justicia. La ley injusta no obliga en conciencia.

Aunque influido por el liberalismo europeo, su estructura conceptual procede claramente de la tradición jurídica española: el poder no crea el derecho, lo administra. La independencia filipina se concibe así como restauración de la legitimidad política y no como creación arbitraria de un nuevo orden.

Mabini representa el paso final de la escolástica a la constitución republicana en Asia.

Ramiro de Maeztu nació en Vitoria en 1874 y comenzó su trayectoria dentro del regeneracionismo y el pensamiento liberal europeo. Vivió largos años en Londres, donde estudió el parlamentarismo británico y la sociedad industrial moderna. Sin embargo, su experiencia de la Primera Guerra Mundial transformó radicalmente su pensamiento político.

En La crisis del humanismo (1919) y, sobre todo, en Defensa de la Hispanidad (1934), Maeztu sostiene que el mundo moderno ha confundido libertad con autonomía absoluta. La libertad occidental, afirma, no nació del individualismo sino de una tradición moral que limitaba el poder político mediante principios superiores a él.

Maeztu interpreta la historia de España como una civilización jurídica antes que étnica. La hispanidad sería una comunidad articulada por la idea de persona, dignidad y ley natural. No es nostalgia imperial, sino teoría política: la autoridad solo es legítima si reconoce derechos anteriores al Estado.

En su reflexión aparece claramente la herencia escolástica. El poder no crea la justicia; la reconoce. La sociedad no nace del pacto arbitrario; descansa en una naturaleza moral compartida. Frente al relativismo contemporáneo, propone una libertad vinculada a responsabilidad objetiva.

Murió en Madrid en 1936, asesinado al inicio de la Guerra Civil. Su obra representa la formulación moderna más explícita de la tradición política hispánica como alternativa intelectual dentro de Occidente.

José Ortega y Gasset nació en Madrid en 1883 en el seno de una familia vinculada al mundo periodístico e intelectual. Formado en Madrid y Alemania, introdujo en España la filosofía contemporánea europea, especialmente el neokantismo y la fenomenología. Sin embargo, su reflexión histórica sobre España lo llevó a reconsiderar la tradición intelectual hispánica desde una perspectiva nueva.

Ortega no fue escolástico ni tradicionalista, pero comprendió que la modernidad española no podía explicarse mediante el mismo esquema que la europea septentrional. En obras como *España invertebrada (1921) y La rebelión de las masas* (1930) sostuvo que la vida política occidental depende de la existencia de minorías rectoras capaces de articular un proyecto común. Esta concepción, centrada en la comunidad histórica como sujeto político, se aproxima indirectamente a la idea clásica de comunidad previa al poder.

Su reflexión sobre la nación y la convivencia política reinterpreta la tradición hispánica del orden social no como contrato artificial, sino como realidad histórica compartida. Para Ortega, el Estado no crea la sociedad: la organiza. Esta prioridad de la vida social sobre la estructura política conecta con la vieja intuición del pensamiento escolástico, aunque expresada en lenguaje filosófico moderno.

Así, Ortega contribuye a integrar la tradición española en la historia intelectual europea no como anomalía, sino como vía alternativa de modernidad, basada en la continuidad histórica más que en la ruptura revolucionaria. Murió en Madrid en 1955, dejando una filosofía que, sin reivindicar explícitamente la escolástica, recupera su intuición fundamental: la política se apoya en una realidad social anterior al poder.

António Sardinha nació en Monforte en 1887 y fue el principal pensador del integralismo lusitano. Su obra aparece en el contexto de la crisis de la Primera República portuguesa, percibida por él como consecuencia de la importación del modelo jacobino francés.

En A Aliança Peninsular (1924) defendió que España y Portugal forman una misma civilización política caracterizada por municipalismo, corporativismo social y limitación histórica del poder. Para Sardinha, la tradición ibérica no conoció la soberanía absoluta: ni el rey ni la nación eran omnipotentes; ambos estaban subordinados a un orden moral y social previo.

Su pensamiento distingue radicalmente autoridad y poder: la autoridad surge de la comunidad viva, mientras el poder moderno pretende crearse a sí mismo. En esto retoma explícitamente la antropología política escolástica: la sociedad no nace del contrato ni de la voluntad, sino de la naturaleza social del hombre.

Murió prematuramente en 1925, pero su obra anticipa gran parte de la crítica contemporánea al Estado ideológico.

Sacerdote y filósofo tomista argentino. Interpretó la modernidad como una progresiva emancipación del poder respecto de la verdad moral. Su crítica no es sociológica sino metafísica: cuando la política deja de reconocer un orden natural, se transforma en pura técnica de dominación.

Para Meinvielle la libertad no consiste en autonomía absoluta sino en orden racional del obrar humano. La comunidad política existe para facilitar la vida virtuosa, no para producir voluntades colectivas. Esta concepción prolonga directamente la antropología política de la Segunda Escolástica.

Marjorie Grice-Hutchinson nació en Londres en 1909 y se formó como economista en la London School of Economics bajo la influencia de Friedrich Hayek. Su interés por España surgió durante su residencia en Málaga tras la Guerra Civil, donde entró en contacto con archivos y bibliotecas que conservaban tratados económicos del siglo XVI prácticamente olvidados por la historiografía europea.

En 1952 publicó The School of Salamanca: Readings in Spanish Monetary Theory 1544–1605, obra que transformó la historia del pensamiento económico. Hasta entonces se consideraba que la economía moderna nacía en el siglo XVIII con Adam Smith; Grice-Hutchinson demostró que conceptos fundamentales —valor subjetivo, teoría cuantitativa del dinero, legitimidad del interés— habían sido formulados dos siglos antes por los teólogos y juristas españoles.

Su aportación no consistió solo en editar textos, sino en cambiar la narrativa intelectual de Occidente. Reveló que la economía política moderna no surge exclusivamente del mundo protestante ni del empirismo británico, sino también de la reflexión moral escolástica sobre justicia, propiedad y libertad de intercambio. Gracias a su trabajo, la tradición salmantina volvió a integrarse en la genealogía del liberalismo.

De este modo, Grice-Hutchinson permitió comprender que muchas ideas presentes en el constitucionalismo moderno —limitación del poder fiscal, crítica a la inflación, primacía de la propiedad— no eran innovaciones ilustradas, sino desarrollos de una tradición jurídica y moral previa. Murió en Málaga en 2003, tras haber devuelto a la escolástica hispánica su lugar en la historia intelectual europea.

Uno de los mayores historiadores del Estado en Hispanoamérica. En Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile sostiene que el Estado chileno no crea la nación; surge de una sociedad previa organizada históricamente.

Su tesis coincide con la filosofía política clásica: la comunidad precede al poder. El Estado no es soberano en sentido absoluto, sino expresión institucional de una realidad social anterior. Cuando intenta redefinirla ideológicamente, produce crisis.

Góngora representa un realismo histórico compatible con la escolástica: la política debe reconocer la naturaleza histórica de la sociedad, no reconstruirla teóricamente.

Álvaro d’Ors (1915–2004)

Álvaro d’Ors Pérez-Peix nació en Barcelona el 14 de abril de 1915 y murió en Pamplona el 1 de febrero de 2004. Hijo del ensayista Eugenio d’Ors, desarrolló una carrera intelectual excepcional como jurista, historiador del derecho y filósofo político. Catedrático en Santiago de Compostela y posteriormente en la Universidad de Navarra, es considerado uno de los mayores romanistas del siglo XX.

Su contribución fundamental fue reinterpretar la tradición jurídica europea desde sus raíces romanas hasta la modernidad. Frente a la idea moderna de soberanía —un poder supremo capaz de producir derecho—, d’Ors defendió que el derecho históricamente había sido anterior al poder político. En Roma, en la Cristiandad medieval y en la tradición hispánica, la función del gobernante era custodiar un orden jurídico recibido, no crearlo arbitrariamente.

Su distinción entre autoridad y potestad resume toda su filosofía política.La autoridad convence porque es reconocida; la potestad manda porque puede imponerse. Cuando la potestad pretende sustituir a la autoridad, aparece el Estado moderno absoluto.

Esta tesis conecta directamente con Suárez y Vitoria: el poder es una función delegada dentro de una comunidad jurídica previa. El gobernante no es fuente del derecho sino su primer obligado. Para d’Ors, la modernidad política comienza cuando la soberanía reemplaza al derecho como principio organizador de la comunidad.

En obras como Derecho y sentido común (1956), Ensayos de teoría política (1979) y numerosos estudios de derecho romano, defendió que Europa fue durante siglos una civilización jurisdiccional —ordenada por tribunales, fueros y cuerpos intermedios— y no soberanista. El Estado contemporáneo rompió esa continuidad al identificar poder con derecho.

D’Ors constituye así uno de los puentes más claros entre la escolástica clásica y la teoría política contemporánea: no recupera sus conclusiones por nostalgia histórica, sino mostrando que el problema actual de legitimidad política proviene precisamente de haber abandonado ese modelo jurídico previo.

Carlos Alberto Stoetzer (1916–1997), jurista e historiador argentino formado entre Buenos Aires, Europa y Estados Unidos, fue uno de los primeros investigadores en proponer de manera sistemática que la independencia americana —tanto la angloamericana como la hispanoamericana— debía interpretarse dentro de una misma genealogía intelectual. Frente a la narrativa dominante que presentaba el constitucionalismo moderno como fruto casi exclusivo de la Ilustración protestante, Stoetzer reconstruyó la circulación atlántica de ideas jurídicas provenientes de la Segunda Escolástica.

En The Scholastic Roots of the American Constitution (1986) analizó la biblioteca, correspondencia y ambiente intelectual de los colonos británicos y de los Padres Fundadores, mostrando que conceptos como soberanía popular, poder fiduciario, consentimiento fiscal y derecho de resistencia no aparecieron de forma repentina en Locke ni en la tradición whig inglesa. Estos principios ya habían sido formulados con precisión por Francisco de Vitoria, Francisco Suárez y Juan de Mariana entre los siglos XVI y XVII. Stoetzer argumenta que tales ideas penetraron en el mundo anglosajón a través de controversias teológico-políticas europeas —especialmente las disputas antiabsolutistas inglesas— y que, una vez secularizadas, pasaron a convertirse en lenguaje constitucional. El resultado fue que la Revolución Americana no creó un nuevo paradigma político, sino que institucionalizó una doctrina jurídica previa.

El autor amplió esta tesis en El pensamiento político en la América española durante el período de la emancipación (1789–1825), donde estudió cómo los revolucionarios hispanoamericanos no recurrieron inicialmente al contractualismo revolucionario francés, sino a categorías jurídicas heredadas del derecho público hispánico. Allí mostró que la idea de “retroversión de la soberanía” —según la cual, desaparecido el rey legítimo, el poder vuelve a la comunidad política— procede directamente de la teoría suareciana del poder delegado. La independencia no se concebía como ruptura revolucionaria, sino como restauración de un orden legítimo anterior.

En Raíces escolásticas de la emancipación de la América española profundizó aún más en esta continuidad doctrinal, demostrando que tanto en Norteamérica como en Hispanoamérica se emplearon las mismas nociones fundamentales: la comunidad política es previa al gobernante, el poder es fiduciario y condicionado al bien común, y existe legitimidad para deponer al tirano. La diferencia entre ambos procesos no sería filosófica sino institucional: mientras en las colonias británicas estas ideas cristalizaron en un constitucionalismo estable, en el mundo hispánico se tradujeron en procesos políticos más complejos.

La conclusión general de Stoetzer es especialmente relevante: el constitucionalismo moderno no nace de una ruptura con la tradición jurídica medieval-católica, sino de su evolución histórica. La revolución estadounidense y las independencias hispanoamericanas aparecen así como manifestaciones paralelas de una misma matriz intelectual —la de la Segunda Escolástica— posteriormente reinterpretada por la Ilustración, pero no originada por ella. En consecuencia, la historia política atlántica deja de ser la expansión de un único modelo anglosajón para convertirse en el desarrollo plural de una tradición jurídica occidental compartida.

Francisco Canals Vidal nació en Barcelona el 21 de diciembre de 1922 y murió en la misma ciudad el 7 de febrero de 2009. Filósofo tomista y profesor durante décadas en la Universidad de Barcelona, fue una figura central del personalismo cristiano español del siglo XX. Su pensamiento se desarrolló en diálogo con la tradición aristotélico-tomista y con la filosofía moderna, especialmente frente al subjetivismo contemporáneo.

Canals defendió que la crisis política moderna es en realidad una crisis antropológica: al perder la noción de naturaleza humana, la política deja de orientarse al bien común y se transforma en pura técnica de organización del poder. Frente a ello recuperó la noción clásica de comunidad política como realidad moral antes que contractual.

En obras como Sobre la esencia del conocimiento, Política española: pasado y futuro o sus estudios sobre filosofía social, sostuvo que la sociedad no nace de un pacto entre individuos aislados sino de la sociabilidad natural de la persona. El poder político aparece entonces como una función al servicio de esa comunidad, no como instancia constituyente absoluta.

Esta tesis reproduce en clave contemporánea la estructura intelectual de la Segunda Escolástica: ley natural → bien común → legitimidad política. La libertad no consiste en ausencia de límites, sino en participación racional en un orden justo. Por eso, para Canals, el liberalismo histórico europeo no se opone al tomismo, sino que es una de sus consecuencias históricas cuando se traduce institucionalmente.

Su filosofía representa una de las reelaboraciones más coherentes del pensamiento político clásico en el siglo XX: la autoridad no se legitima por la voluntad sino por la verdad sobre el hombre. En ese sentido, Canals prolonga directamente la tradición hispánica que entendía la política como dimensión ética de la vida social y no como creación autónoma del poder.

Gonzalo Fernández de la Mora nació en Barcelona el 30 de abril de 1924 y murió en Madrid el 10 de febrero de 2002. Doctor en Derecho, diplomático de carrera y posteriormente ministro de Obras Públicas (1970–1974), fue sobre todo un pensador político de largo alcance intelectual. Su obra se sitúa en un momento muy concreto de la historia europea: el agotamiento del lenguaje ideológico del siglo XIX y la transformación de la política en gestión administrativa de sociedades complejas.

Su libro más influyente, El crepúsculo de las ideologías (1965), parte de una tesis provocadora: las grandes cosmovisiones políticas modernas —liberalismo doctrinario, socialismo doctrinal, nacionalismo romántico— habían perdido capacidad explicativa en sociedades tecnificadas. La política real ya no se movía por principios absolutos sino por soluciones racionales a problemas concretos. Sin embargo, Fernández de la Mora no defendía una tecnocracia sin principios, sino lo contrario: la política sólo puede ser racional si reconoce que la verdad no nace de la voluntad política.

Aquí aparece su conexión profunda con la tradición clásica. Para él, el Estado no produce legitimidad; la administra. La legitimidad procede de la adecuación de las decisiones al bien común objetivo, no de la intensidad emocional de la mayoría ni de la movilización ideológica. Esta posición remite directamente a la estructura tomista de la ley natural: el poder político no crea el orden moral, sino que debe respetarlo y aplicarlo prudentemente.

En obras posteriores como La partitocracia (1977) o Los errores del cambio (1986) desarrolló una crítica sistemática al parlamentarismo entendido como lucha de voluntades soberanas. El problema de la modernidad política, según él, no era la falta de participación, sino la sustitución del gobierno prudencial por la competición ideológica permanente. La política degeneraba cuando pretendía ser creadora de valores en lugar de administradora de realidades.

Así, Fernández de la Mora reformuló en lenguaje contemporáneo una intuición central de la escolástica: el poder es limitado porque la realidad es anterior a la decisión. Su pensamiento anticipa muchas críticas actuales al populismo, al moralismo político y al decisionismo democrático, defendiendo una concepción del gobierno como prudencia institucional más que como expresión de soberanía absoluta.

Intelectual y político del humanismo cristiano mexicano del siglo XX. Formado en filosofía tomista, desarrolló una concepción profundamente clásica de la democracia: no como soberanía de la voluntad sino como método moral de cooperación social.

Defendía que el Estado no crea derechos, sino que los reconoce. La política debe organizar el bien común respetando la primacía de la persona. Su pensamiento recupera la tradición escolástica en contexto moderno: la legitimidad política no depende solo de procedimientos sino de su adecuación a la naturaleza humana.

Carlos Sacheri nació en Buenos Aires en 1933 y se formó en filosofía en la Universidad Católica Argentina y posteriormente en Europa, donde entró en contacto con la renovación tomista del siglo XX (Maritain, De Koninck, Fabro). Fue profesor universitario, conferenciante y uno de los pensadores políticos argentinos más sistemáticos de su generación. Murió asesinado en 1974, en un contexto de violencia política que simboliza trágicamente el tipo de crisis civilizatoria que él mismo había analizado: la política convertida en pura lucha de voluntades.

Su obra más influyente, La Iglesia clandestina (1970), y sus ensayos filosófico-políticos desarrollan una crítica profunda al Estado moderno entendido como instancia productora de moralidad pública. Sacheri sostiene que la modernidad política ha sustituido la idea clásica de ley —orden racional orientado al bien común— por la decisión soberana de la autoridad. Cuando el poder pretende crear valores, deja de ser autoridad y se convierte en ingeniería social.

Aquí se aprecia su conexión directa con la tradición suareciana. Para Sacheri, la soberanía no es absoluta ni originaria en el Estado: es fiduciaria. La comunidad política posee una estructura moral previa —naturaleza humana, fines sociales, orden de justicia— que el poder debe reconocer y custodiar. El gobierno no legitima la verdad; la verdad legitima al gobierno.

Esto tiene consecuencias constitucionales: la democracia no es un criterio suficiente de legitimidad. Una ley aprobada por mayoría puede ser injusta si contradice la naturaleza humana. La legalidad, por tanto, no agota la legitimidad. Esta tesis reproduce en clave contemporánea la distinción escolástica entre lex y ius: la norma positiva solo es justa cuando expresa el orden moral objetivo.

Sacheri puede leerse así como un puente entre Salamanca y la crisis política del siglo XX. Donde la escolástica combatió el absolutismo monárquico, él combate el absolutismo ideológico del Estado moderno. En ambos casos el problema es el mismo: la pretensión de soberanía ilimitada.

Constantino Ocha’a Mve Bengobesama (1936–2001)

Jurista e intelectual ecuatoguineano formado en España, Ocha’a pertenece a la generación que vivió la transición del territorio colonial a Estado independiente (1968). Su reflexión política se centró en el problema fundamental de África poscolonial: cómo crear un Estado legítimo sin destruir la comunidad tradicional.

Frente a modelos revolucionarios o ideológicos, defendió un Estado jurídico basado en normas racionales y en el reconocimiento de la comunidad social previa al poder político. El poder debía ser institucional, no personal ni tribal. La autoridad procede de la sociedad y debe permanecer limitada por ella.

Su planteamiento reproduce, en contexto africano, la idea clásica de poder fiduciario propia del pensamiento escolástico: el gobernante administra una autoridad que no le pertenece. La legitimidad no nace de la fuerza ni del partido único, sino del servicio al bien común.

Pedro Schwartz nació en Madrid en 1935 y es economista, historiador del pensamiento económico y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Formado en Londres, su obra se sitúa en el liberalismo clásico europeo, pero con una fuerte preocupación por la historia intelectual española.

Schwartz ha insistido en que el liberalismo no debe entenderse como una importación extranjera tardía en España. En sus trabajos sobre historia económica y constitucional sostiene que la tradición española contenía ya elementos de limitación del poder, protección de la propiedad y gobierno representativo antes de la Ilustración.

A diferencia de Huerta de Soto —más centrado en la continuidad doctrinal— Schwartz subraya la continuidad institucional: fueros, cortes, pactismo y tradición jurídica. Su aportación consiste en mostrar que el liberalismo español no fue anomalía ni imitación, sino evolución de una tradición propia interrumpida en el siglo XIX.

Rafael Alvira Domínguez nació en Zaragoza en 1942 y ha sido uno de los filósofos españoles más influyentes en la recuperación contemporánea de la tradición clásica y cristiana en el ámbito de la filosofía práctica. Catedrático de Filosofía en la Universidad de Navarra y discípulo intelectual de Leonardo Polo, su obra se sitúa en la intersección entre metafísica, ética social y filosofía política.

Alvira ha desarrollado una teoría de la sociedad centrada en la idea de comunidad como realidad previa al poder político. Frente al individualismo contractualista moderno, sostiene que la persona humana se constituye en relaciones de convivencia —familia, amistad, universidad, empresa— que poseen una racionalidad propia irreductible al Estado. Esta concepción retoma el principio clásico de sociabilidad natural del hombre formulado por Aristóteles y reelaborado por Tomás de Aquino, núcleo antropológico de la Segunda Escolástica.

En obras como La razón de ser hombre, Sociedad civil y sociedad política o Filosofía de la vida cotidiana, Alvira explica que la autoridad legítima surge de la vida social y no de la voluntad soberana abstracta. El poder político es una instancia subordinada al bien común, no su creador. De este modo recupera la noción escolástica de poder como delegación fiduciaria: la comunidad precede al Estado y lo limita moralmente.

Su aportación filosófica consiste en haber reformulado esa tradición para el mundo contemporáneo: la crisis de la modernidad política no se debe a un exceso de libertad, sino a la sustitución de la autoridad social por poder administrativo. En este punto, Alvira enlaza directamente con la línea intelectual que va de Vitoria y Suárez a los debates actuales sobre sociedad civil y constitucionalismo, mostrando que la tradición hispánica no es un vestigio histórico sino un marco conceptual todavía operativo para comprender la relación entre persona, comunidad y Estado.

António José de Brito nació en Oporto en 1947 y fue uno de los principales filósofos políticos portugueses contemporáneos. Especialista en Aristóteles y en la tradición clásica del derecho natural, dedicó su obra a analizar la crisis moral del Estado moderno.

Sostuvo que la modernidad política había sustituido la legitimidad por la legalidad: el poder ya no se justifica por su adecuación al bien común, sino por su capacidad normativa. Frente a ello, defendió la recuperación de la tradición clásica en la que la política es una actividad ética orientada a fines humanos objetivos.

Brito no propone un retorno histórico, sino filosófico: la civilización occidental sólo puede sostener instituciones libres si reconoce límites morales al poder. En este sentido, su obra conecta directamente con Suárez, Vitoria y la tradición escolástica ibérica, reinterpretándola para la teoría política contemporánea.

Falleció en 2023, siendo uno de los últimos representantes de la continuidad viva del iusnaturalismo clásico en el mundo ibérico.

José Manuel Moreira nació en Lisboa en 1949. Es licenciado en Economía y Filosofía, máster en Filosofía Moderna y Contemporánea por la Universidade Católica Portuguesa (Braga) y doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia Comillas (Madrid). Ha desarrollado su carrera académica como profesor titular de Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad de Aveiro y fue director del Máster en Administración y Gestión Pública de la Universidade Católica Portuguesa (Oporto).

Intelectualmente, Moreira ha desempeñado un papel central en la recuperación y actualización en Portugal de cuatro grandes líneas de pensamiento: la ética económica y empresarial, la tradición económica austriaca, el análisis económico de la política y la teoría de la gobernanza. Su aproximación combina filosofía moral, teoría institucional y economía política, situando siempre el problema del poder dentro de un marco normativo previo, en clara continuidad con la tradición del derecho natural.

Una de sus contribuciones más relevantes para la tradición hispánica es el libro The Salamanca School, escrito junto con André Azevedo Alves y publicado dentro de la colección Major Conservative and Libertarian Thinkers Series. En esta obra, Moreira y Azevedo reconstruyen sistemáticamente la aportación de la Escuela de Salamanca a la teoría económica y política moderna, mostrando cómo autores como Vitoria, Soto, Azpilcueta o Mariana formularon conceptos fundamentales sobre valor subjetivo, mercado, dinero, soberanía popular y limitación del poder político mucho antes de la Ilustración británica. El libro sitúa explícitamente a la Segunda Escolástica dentro de la genealogía del liberalismo occidental, rompiendo la narrativa que reduce sus orígenes a la tradición anglosajona.

En sus trabajos sobre ética empresarial y economía política, Moreira insiste en que el mercado no es un simple mecanismo técnico de asignación, sino una institución moral basada en la libertad contractual, la responsabilidad personal y la limitación del poder estatal. Esta perspectiva entronca directamente con la tradición escolástica ibérica, donde la actividad económica forma parte del orden moral natural y donde la autoridad política carece de legitimidad para intervenir arbitrariamente en los intercambios libres.

Ha colaborado con el Instituto de Estudos Políticos de la Universidade Católica Portuguesa, el Instituto Nacional de Administração, la Escola de Administração do Porto, la Escola de Administração de Empresas y la Ordem dos Engenheiros. Es miembro de la Mont Pelerin Society, del Patronato del Instituto +Liberdade y del Consejo de Investigación del “Centro de Ética, Empresa e Economia” de la Universidade Católica Portuguesa. En el pasado, formó parte de los órganos de gobierno de la Associação Portuguesa de Ciência Política.

Autor y coautor de más de cuarenta libros y más de cien artículos académicos en revistas nacionales e internacionales, Moreira ha contribuido decisivamente a consolidar en el espacio lusófono una lectura del liberalismo compatible con la tradición clásica y escolástica. En su pensamiento, la libertad económica no es ruptura con la tradición, sino su desarrollo coherente: el poder político es instrumental y derivado, mientras que la dignidad humana y el orden moral son anteriores al Estado.

Dentro de la tradición hispánica de pensamiento político, José Manuel Moreira representa así una continuidad contemporánea que conecta Salamanca con el debate actual sobre constitucionalismo, economía de mercado y límites del poder público.

Juan Belda Plans es un sacerdote e historiador de la teología español nacido en 1950, especializado en pensamiento escolástico y, en particular, en la llamada Segunda Escolástica ibérica del siglo XVI y XVII. Profesor durante décadas en la Universidad de Navarra, pertenece a la generación de investigadores que, tras el trabajo pionero de Menéndez Pelayo y más tarde de autores como Carlos Stoetzer o Marjorie Grice-Hutchinson, emprendieron la reconstrucción sistemática de la Escuela de Salamanca no sólo como fenómeno teológico sino como escuela intelectual completa: filosófica, jurídica, económica y política.

Su obra más influyente es La Escuela de Salamanca y la renovación de la teología en el siglo XVI, donde demuestra que los autores salmantinos no eran comentaristas aislados de Tomás de Aquino, sino participantes de un programa intelectual coherente destinado a responder a los grandes problemas de la primera globalización: el descubrimiento de América, la expansión comercial atlántica, la formación de los Estados modernos y la crisis de la Cristiandad europea. En este sentido, Belda muestra que Vitoria, Soto, Cano, Molina, Suárez o Mariana no elaboran meras disputas académicas, sino una teoría general del orden social basada en tres pilares: ley natural racional, dignidad de la persona y carácter fiduciario del poder político.

Uno de los aportes más importantes de Belda consiste en desmontar la interpretación historiográfica dominante según la cual la modernidad política habría nacido en ruptura con la escolástica medieval. A partir del análisis filológico y doctrinal de las relectiones, tratados jurídicos y comentarios teológicos, sostiene que el constitucionalismo moderno hereda categorías ya plenamente desarrolladas por los escolásticos: soberanía originaria de la comunidad, consentimiento fiscal, limitación moral del poder, legitimidad de resistencia al tirano y autonomía relativa del orden económico. La Ilustración —especialmente la anglosajona— no habría creado estas ideas ex nihilo, sino que las habría secularizado y reformulado.

Belda subraya además la dimensión universitaria de este proceso. La red académica formada por Salamanca, Alcalá, Coimbra, Valladolid, Évora y los centros americanos no fue sólo un sistema educativo, sino un espacio de circulación intelectual transatlántica. A través de manuales, disputas públicas, bibliotecas y órdenes religiosas, esas doctrinas pasaron al mundo europeo y posteriormente al angloamericano. Desde esta perspectiva, el constitucionalismo atlántico del siglo XVIII aparece como una fase posterior de un desarrollo intelectual iniciado dos siglos antes.

Filosóficamente, su trabajo tiene una consecuencia importante: restituye la continuidad histórica entre derecho natural clásico y libertades modernas. La libertad política no surge contra la tradición teológica, sino de su interior cuando ésta afirma que la persona posee una dignidad anterior a cualquier poder. Por ello, la Escuela de Salamanca deja de ser un episodio erudito para convertirse en un momento fundacional de la teoría occidental del gobierno limitado.

En suma, Juan Belda Plans no es tanto un pensador político original como el gran reconstruidor contemporáneo de una tradición. Su labor permite comprender que la Segunda Escolástica constituye un verdadero puente entre la filosofía clásica y el constitucionalismo moderno, aportando la arquitectura conceptual que haría posible posteriormente la teoría liberal del Estado limitado.

Olavo Luiz Pimentel de Carvalho nació en Campinas (Brasil) el 29 de abril de 1947 y murió en Richmond (Virginia, EE. UU.) el 24 de enero de 2022. Periodista, ensayista y autodidacta en filosofía, desarrolló la mayor parte de su obra fuera de la universidad, pero ejerció una influencia cultural considerable en Brasil y en sectores del debate político iberoamericano contemporáneo.

Su obra central, O Jardim das Aflições (1995), ya contiene la intuición que recorrerá toda su producción: la modernidad política ha separado la vida intelectual de la experiencia moral y ha convertido la política en técnica de poder. En textos posteriores como O Imbecil Coletivo (1996) y O Mínimo que você precisa saber para no ser un idiota (2013), defendió que la cultura occidental sólo puede sostener la libertad si mantiene una noción objetiva de verdad.

Aunque Olavo no se presentó como escolástico, su pensamiento se sitúa dentro de una misma estructura intelectual. Su crítica al positivismo reproduce la distinción clásica entre legalidad y legitimidad desarrollada por la tradición del derecho natural ibérico. La política, para él, no crea el orden moral; debe reconocerlo. Su insistencia en que la conciencia personal y la verdad objetiva preceden a cualquier orden político recuerda la doctrina según la cual el poder es fiduciario.

En Politische Theologie (1922) y Der Nomos der Erde (1950), Schmitt critica la ficción moderna de la soberanía ilimitada del Estado. Reconoce que el orden político europeo premoderno no funcionaba sobre soberanía absoluta, sino sobre jurisdicciones, fueros y autoridad limitada, modelo que coincide con la teoría escolástica del poder delegado.

En The Road to Serfdom (1944) y Law, Legislation and Liberty (1973), Hayek desarrolla la teoría del orden espontáneo. Su concepción del derecho como descubrimiento y no como creación del legislador coincide con la tradición jurídica escolástica: la ley justa deriva de un orden moral previo y no de la voluntad soberana del gobernante.

En History of Economic Analysis (1954), Schumpeter identifica a los escolásticos españoles como los primeros economistas científicos. Reconoce que formularon antes que la economía clásica teorías sobre el valor subjetivo, el precio de mercado y la naturaleza del dinero, cambiando la genealogía intelectual del liberalismo económico.

El filósofo del derecho francés Michel Villey estudió la Segunda Escolástica en La formation de la pensée juridique moderne. Sostiene que la noción moderna de derecho subjetivo nace en la escolástica tardía, introduciendo a Salamanca en el debate filosófico contemporáneo sobre los derechos humanos.